Jueves o viernes es el día para aprobar el código penal
¨Llegara el código con modificación¨
Con esta decisión los congresistas buscan desligarse de una probable convocatoria a legislatura extraordinaria para tratar el marco penal.
Santo Domingo- La precipitada carrera del Congreso Nacional de la República Dominicana para modificar el nuevo Código Penal (Ley 74-25) antes de su inminente entrada en vigor el próximo 3 de agosto. A pesar de haber contado con un año entero de revisiones para subsanar los errores de la pieza con la debida antelación, el órgano legislativo ha optado por un proceso sumamente acelerado de menos de dos semanas.
Este proceder, motivado principalmente por el deseo de los congresistas de evitar la convocatoria a una legislatura extraordinaria, evidencia una dinámica de improvisación y alta presión temporal, obligando a ambas cámaras a sesionar a contrarreloj en los últimos once días de la legislatura ordinaria para aprobar reformas sobre una de las normativas más trascendentales del país.
En medio de esta premura, el debate central se sostiene sobre la necesidad de conciliar la vigencia inflexible del código con la corrección de aspectos críticos que amenazan derechos fundamentales, especialmente en lo relativo a la libertad de expresión y el ejercicio profesional de los médicos.
La postura de actores clave como el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, argumenta que, aunque la ley debe entrar en vigor en la fecha prevista, es imperativo modificar artículos clave (como los referentes a difamación, desacato y perjurio) para evitar sanciones desproporcionadas, como la eventual disolución de medios de comunicación. Frente al escaso tiempo que tiene la comisión bicameral para procesar las decenas de propuestas recibidas, la sugerencia de crear una comisión especial de seguimiento por 90 días surge como una salida técnica y sensata para legislar con mayor rigor.
El panorama descrito demuestra que esta práctica de legislar bajo presión y de manera reactiva ante la coyuntura social no es exclusiva del Código Penal, sino que también arrastra a otras reformas de alto impacto, como la Ley Orgánica de la Policía Nacional, cuya reactivación legislativa fue impulsada por la indignación ciudadana ante un reciente caso de violencia policial. En conclusión, el contenido argumenta de forma implícita que el Congreso dominicano se encuentra operando bajo un esquema de urgencia que prioriza el cumplimiento de plazos políticos y la evasión de prórrogas legislativas, lo que pone en riesgo la profundidad del debate técnico requerido para reformas de tan alta sensibilidad para la vida nacional.
RG