Santo Domingo.- El uso de grabaciones captadas por ciudadanos se ha convertido en un elemento cada vez más influyente dentro de las investigaciones policiales. En un contexto donde la mayoría de personas porta un teléfono con capacidad de grabar un hecho ocurrido en segundos puede quedar documentado y posteriormente convertirse en pieza clave dentro de un proceso judicial.
Sin embargo, aunque estos videos pueden orientar o reforzar una investigación, su incorporación como prueba no es automática ni definitiva.
Uno de los casos más recientes es el del joven Darlin Enmanuel Mercado Reyes, ocurrido en el sector de Herrera, en Santo Domingo Oeste. Sobre este hecho ha circulado material audiovisual grabado por testigos que ha sido tomado en consideración dentro del proceso de investigación.
Este hecho ha puesto nuevamente sobre la mesa la discusión sobre el verdadero valor jurídico de una grabación ciudadana y hasta qué punto puede influir en la determinación de responsabilidades penales.
En el sistema jurídico dominicano, un video puede ser admitido como medio de prueba, aunque solo si cumple con requisitos estrictos establecidos por la normativa procesal penal.
No basta con que exista una grabación; es necesario demostrar su autenticidad, su integridad y su pertinencia dentro del caso. Las autoridades deben poder establecer con claridad quién realizó la grabación, en qué condiciones fue obtenida y si el contenido ha sufrido algún tipo de modificación.
A esto se suma uno de los elementos más sensibles dentro del proceso penal: la cadena de custodia. En la República Dominicana, toda evidencia digital debe ser resguardada desde el momento en que se obtiene hasta su presentación ante un tribunal.
Esto implica un registro detallado de quién tiene acceso al material, cómo se almacena y qué procedimientos se aplican para evitar alteraciones. Si esta cadena se rompe, el valor probatorio del video puede verse comprometido o incluso ser descartado por un juez.
En el ámbito jurídico también es fundamental distinguir entre los distintos niveles de valoración de la información. Un video ciudadano puede comenzar como un indicio, es decir, un elemento que sugiere la posible ocurrencia de un hecho.
Posteriormente, tras ser analizado técnicamente, puede convertirse en evidencia dentro del expediente. Finalmente, solo adquiere la categoría de prueba cuando es admitido formalmente en el proceso judicial y valorado por el tribunal junto a los demás elementos del caso.
Otro joven muerto a manos de las autoridades
A diferencia del caso documentado, también ocurrido en el sector de Herrera, Santo Domingo Oeste, es el del joven Jhon Khor Reyes, el cual murió tras ser detenido por agentes policiales.
El hecho quedó registrado en un video de una cámara de seguridad que captó el momento en que fue trasladado al destacamento y posteriormente sacado sin signos vitales, material que fue difundido públicamente y se convirtió en pieza central del debate sobre el uso de la fuerza y la actuación policial en el país.
Estos materiales audiovisuales no sustituyen la investigación oficial, pero sí pueden orientar nuevas líneas de indagación, confirmar testimonios o incluso cuestionar versiones iniciales de los hechos.
En este contexto, juristas y especialistas en derecho penal han señalado que el desafío actual del sistema de justicia en la República Dominicana consiste en equilibrar el valor de la evidencia digital con las garantías del debido proceso. Aunque un video puede ser determinante en la reconstrucción de un hecho, su interpretación siempre debe hacerse dentro de un marco técnico y legal que asegure su confiabilidad.
El Caribe
