Un derecho innegociable de las sociedades del nuevo mundo

Desde que nacen, todos los niños tienen derecho a tener una identidad. Este derecho humano básico tiene una especial importancia cuando se trata de los menores, porque valida su presencia en la sociedad y admite su individualidad. El nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento, el género y la nacionalidad son componentes fundamentales de la identidad del niño; todos ellos le ayudan a conocerse a sí mismo y a posicionarse dentro de su comunidad.

El reconocimiento jurídico del niño se realiza a través del registro de nacimiento y la asignación de una nacionalidad. Gracias a dicho reconocimiento, el niño pasa a ser oficialmente miembro de la sociedad, con sus correspondientes derechos y obligaciones (Apland et al., 2014; Dambach, 2022). Reconocer y proteger este derecho es fundamental para asegurar el bienestar y el desarrollo de la infancia en el mundo.

Garantizar la implantación de un registro de nacimientos universal es uno de los principales desafíos a que se enfrenta el derecho a la identidad de los niños. La importancia de dicho registro es de tal calibre que se reconoce en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Cubero-Espinal, C. (2022). En concreto, la meta 16.9 tiene como objeto garantizar que, de aquí al año 2030, todo el mundo posea una personalidad o identidad jurídica, en particular mediante el registro del nacimiento (un elemento clave de esta meta).

El derecho a la identidad no es un privilegio de unos pocos ni una noción abstracta, sino uno de los pilares esenciales para consolidar la dignidad humana y ejercer plenamente la ciudadanía. El registro de nacimiento es la primera y más importante realización de este derecho, que se reconoce en todo el mundo en convenios internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Aunque a primera vista parezca un acto simple, tiene una trascendental importancia.

El registro de nacimiento puede parecer, a simple vista, simplemente un procedimiento administrativo o una formalidad burocrática de poca importancia. No obstante, en verdad, es la puerta de entrada a la vida social y civil, la llave que proporciona el acceso a una amplia gama de derechos y posibilidades. Es el primer reconocimiento oficial del Estado de la existencia de un individuo, al que se le asigna un nombre, una nacionalidad y una filiación. En la práctica, sin este documento, una persona se vuelve invisible frente a la ley. No está formalmente constituido y, por lo tanto, no puede ser considerado sujeto de derecho.

La ausencia de un registro de nacimiento excluye a millones de personas socialmente. Consideremos las consecuencias que esto trae consigo. Un niño que no está registrado no tiene la posibilidad de inscribirse en la escuela, lo cual restringe su acceso a la educación, un factor clave para el progreso personal y la movilidad social. Si no se tiene un certificado de nacimiento, no se permite el acceso a la atención médica formal, la vacunación ni a los programas nutricionales. Su existencia es un vacío en las estadísticas sobre población, salud y educación.

Esta invisibilidad no se detiene en la niñez. Un adolescente que no tiene un registro de nacimiento no podrá conseguir un trabajo formal, debido a que le falta la documentación requerida para tener un contrato laboral. Durante la edad adulta, esta ausencia de identidad lo margina de involucrarse en la política, le prohíbe votar, abrir una cuenta bancaria, conseguir un préstamo o, si lo requiere, tener acceso a la justicia. La vulnerabilidad aumenta, ya que una persona es más propensa a ser víctima de matrimonios forzados, explotación laboral o trata de personas si no tiene un documento de identidad. Se establece un ciclo vicioso de marginación que se transmite de una generación a la siguiente.

Es un mito que solo las regiones rurales apartadas o los países en vías de desarrollo tienen el problema de no contar con registro de nacimiento. Aunque la prevalencia es más alta en estas zonas, la informalidad y las barreras burocráticas pueden tener un impacto sobre comunidades completas en cualquier parte del planeta. Los retos son diversos: en ciertos sitios, el precio del registro se presenta como un obstáculo económico infranqueable para las familias más humildes; en otros, la lejanía de las oficinas de registro o la ignorancia sobre el procedimiento constituyen barreras. La discriminación por raza, género o condición migratoria es también un elemento que favorece la sub-registración.

Los Estados tienen la obligación irrenunciable de asegurar el derecho a la identidad. Es un compromiso que trasciende la mera retórica política y demanda acciones específicas. Esto supone la simplificación de los procedimientos, la supresión de costos relacionados con el registro de nacimiento, el establecimiento de campañas para sensibilizar a la comunidad y el entrenamiento del personal para que actúe con eficacia y empatía. Es vital que el registro suceda de manera inmediata y universal, particularmente en hospitales y centros de salud, para garantizar que todos los recién nacidos estén dentro del sistema.

El gasto en el registro civil no es un gasto, sino una inversión estratégica para el progreso económico y social de un país. Un censo poblacional posibilita que los gobiernos mejoren la planificación de sus políticas públicas, distribuyan recursos de forma más eficaz y aseguren que los programas de bienestar se dirijan a quienes verdaderamente lo requieren.

En definitiva, el derecho a la identidad y su concreción mediante el registro de nacimiento no es solo un asunto jurídico; se trata de una cuestión de justicia social. Es el fundamento para que cada individuo sea apreciado, reconocido y pueda ejercer plenamente sus derechos fundamentales. Es el momento de que el mundo se comprometa con la eliminación de la invisibilidad y con asegurar que cada individuo, sin importar su condición u origen, cuente con una identidad reconocida que le posibilite forjar un futuro digno y participar activamente en la sociedad.

Por RG