SANTO DOMINGO.- Las principales cadenas de supermercados del país solicitaron a la Comisión de Defensa Comercial (CDC) la suspensión inmediata del proceso de investigación por salvaguarda a las galletas, alegando fallas graves en el procedimiento y una situación de “indefensión” para el sector importador.
La solicitud fue presentada por Centro Cuesta Nacional, Grupo Ramos, Hipermercados Olé y Bravo, quienes denunciaron que el proceso avanza con imprecisiones que impiden evaluar la pertinencia de la medida solicitada por los fabricantes Molinos Modernos y Molinos Valle del Cibao.
Según los importadores, desde el inicio de la investigación la CDC no ha entregado documentos esenciales del expediente, incluidos anexos con datos financieros, estudios de causalidad y evidencias que sustentan el supuesto “daño grave” alegado por las empresas solicitantes. Aseguran que, pese a que la Ley 1-02 obliga a proveer el expediente íntegro, esta información no ha sido puesta a disposición de las partes interesadas.
La comunicación señala además que la descripción del producto bajo análisis es demasiado amplia, abarcando casi todas las variedades de galletas dulces y saladas, industriales o de producción masiva. Esta indefinición, afirman, impide realizar un análisis técnico sobre importaciones, precios o competencia, lo que comprometería la validez jurídica del proceso.
Otro punto señalado es que el plazo para completar los formularios obligatorios vence el 25 de noviembre, pero los documentos indispensables para su llenado, como estados financieros y estudios técnicos, no han sido entregados. Esto, sostienen, bloquea por completo su derecho a la defensa.
Las cadenas advierten que estas fallas no solo afectan a los actores involucrados, sino que ponen en riesgo la legitimidad del procedimiento y la seguridad jurídica del país, al tiempo que podrían generar eventual responsabilidad para el Estado dominicano.
Ante este escenario, solicitan al Pleno de Comisionados suspender temporalmente el proceso hasta que se determine con precisión el producto investigado, se entregue el expediente completo y se ajusten los plazos conforme a la realidad del caso.
Mientras la CDC analiza la medida provisional solicitada por los fabricantes, que elevaría los aranceles hasta un 87.1 %, aumenta la presión para revisar las condiciones en que avanza la investigación. Para los importadores, el debate trasciende la conveniencia de una salvaguarda y se centra en si el país puede adoptar una decisión de alto impacto social basada en un expediente incompleto y un procedimiento cuestionado.
El Caribe
