Sectores apelan a la JCE; modificación de la Ley 20-23; creación de un reglamento; y hacer uso del “overruling”
Sectores políticos, civiles y religiosos han expresado su preocupación ante la controversial decisión del Tribunal Constitucional (TC), contenida en la sentencia TC/0788/24, que declara no conformes con la Constitución los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 y permite candidaturas sin necesidad de partidos políticos.
Los actores presentan vías de solución al fallo de la alta corte por el supuesto impacto que este conllevaría en el sistema electoral, siendo las opciones más destacadas la intervención de la Junta Central Electoral (JCE) o un encuentro con esta y los partidos políticos; que el Congreso Nacional modifique la Ley 20-23; hacer uso de la figura jurídica del “overruling”; y realizar una discusión nacional para tratar el tema y verlo desde una óptica racional.
Algunos de los que apelan a la Junta Central Electoral proponen la elaboración de un reglamento.
Entre quienes apuestan al órgano encargado de las elecciones están el expresidente de la República Leonel Fernández; el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza; el vicepresidente del PRM, Eddy Olivares; el delegado del PRM ante la JCE, Sigmund Freud; el aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García; y el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), Feliciano Lacen.
Fijaron las otras posiciones Manuel Conde, director de la Escuela de Formación Política y Gestión Pública, Profesora Yvelisse Prats Ramírez, del PRM ; Luis García, miembro del Comité Central del PLD, Erick Hernández Machado, coordinador general de Participación Ciudadana (PC); y Servio T. Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).
Ayer, el presidente de Fuerza del Pueblo (FP) reiteró su rechazo al fallo del TC, recordó la competencia de los partidos ante la Junta Central Electoral y exhortó a tener cuidado con respecto a “fuerzas nocivas externas” que pueden incidir con el dinero en las candidaturas.
Fernández indicó que los partidos políticos presentarán una serie de propuestas a la Junta, ya que la Ley de Partidos (Ley 33-18) y la Ley del Régimen Electoral no han sido derogadas sino que siguen vigentes.
“Todos los partidos nos hemos puesto de acuerdo en el sentido de que los partidos políticos deben seguir jugando el rol de pilares de la democracia, y que todas las candidaturas y cargos de elección popular se canalicen a través de los partidos político”, expresó a los periodistas que le abordaron en la sede de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), donde le celebraron su 71 cumpleaños.
El líder opositor dijo: “Hay que tener cuidado también con respecto a fuerzas nocivas externas que pueden incidir con el dinero y para personas que no son capaces de representar los genuinos intereses cuando ocupen cargos de versión popular. Ese es el problema”.
Sobre el tema, José Ignacio Paliza pidió a la Junta Central Electoral que convoque a los partidos políticos para discutir la sentencia del Tribunal Constitucional. Durante una entrevista en el programa matutino “El Sol de la Mañana”, consideró que le corresponde al órgano electoral discutir con los partidos los métodos y fórmulas que deben implementarse en respuesta al dictamen del TC.
El presidente PRM consideró que las entidades políticas deben reunirse en enero de 2025 para revisar y dialogar “detenidamente” el contenido de la medida ordenada por la Alta Corte.
Francisco Javier García fue el primero en sugerir al pleno de la JCE convocar a una audiencia pública para analizar la sentencia del Constitucional. El aspirante presidencial del PLD consideró que la sentencia TC/0788/24 tendrá un gran impacto en el sistema electoral dominicano, por lo que los principales actores deben analizar su contenido a la mayor brevedad posible.
De igual manera, el pastor Feliciano Lacen recomendó, el pasado 17 de diciembre hacer un análisis muy profundo al tema y que los árbitros como la JCE le den el visto bueno.
Elaboración de un reglamento o modificación de la ley
El delegado del PRM ante la JCE, Sigmund Freud, indicó que existen dos alternativas para con la sentencia del TC, siendo la primera que el Congreso modifique la Ley del Régimen Electoral para incluir estas disposiciones y establecer las regulaciones necesarias; la segunda vía es que la Junta emita reglamentos en caso de que el Congreso no actúe.
Asimismo, Eddy Olivarez, vicepresidente del partido oficialista, señaló que le toca al Poder Legislativo crear las reglas para darle concreción al fallo. Cree definitivo que los legisladores y los partidos políticos se reúnan “de inmediato”, para iniciar con tiempo el proceso de modificación de las leyes 33-18 y 20-23 a fin de garantizar que las elecciones del 2028 se celebren sin inconvenientes.
Mientras, Erick Hernández Machado, coordinador general de Participación Ciudadana (PC), manifestó que modificar los artículos de la Ley del Régimen Electoral son competencias privativas del legislador orgánico de conformidad con el artículo 112 de la Carta Magna y el trámite obligatorio ante el Poder Legislativo, “con lo cual estamos contestes”.
Amplia discusión y óptica racional
La Finjus llamó a una discusión nacional amplia que promueva el fortalecimiento de la democracia interna de los partidos y el aumento de la confianza de la ciudadanía en esas organizaciones.
En tanto, el director de la Escuela de Formación Política y Gestión Pública, Profesora Yvelisse Prats Ramírez, del PRM, Manuel Conde, precisó que si bien es cierto que la decisión que daría paso a la inscripción de candidaturas independientes en las elecciones venideras no sería una debacle para el sistema de partidos en el país, sí amerita verlo desde una óptica racional e integral, con el fin de que no se destruya la estabilidad política con que goza el país.
Propone al TC reconsiderar sentencia
El miembro del Comité Central PLD Luis García sugiere la figura jurídica del overruling para abordar el caso de la sentencia TC/0788/24 del TC.
El experto en temas electorales, en un artículo publicado en los periódicos El Día y Vanguardia del Pueblo, presenta la figura del overruling, que consiste en el cambio sustancial en la doctrina de un tribunal. Se utiliza cuando un órgano jurisdiccional modifica una línea jurisprudencial que ya había establecido. Según García, la sentencia del TC no sólo cambia el paradigma de la participación política, sino que deja latentes serias amenazas.
El Caribe
