Por: Marisela Gutiérrez
No entiendo cómo entidades que poseen toda la potestad para tomar decisiones pueden ser tan tolerantes frente a las cosas mal hechas.
Vivimos en una población que exige limpieza, acceso a agua potable y condiciones dignas; Sin embargo, ¿Cómo se alcanzan estas demandas cuando las instituciones responsables de aplicar la ley no funcionan?
Un ejemplo claro son los vertederos improvisados que algunos ciudadanos crean en distintos sectores, aun cuando existen letreros que lo prohíben. Y esto es solo una parte del problema. Arroyos, ríos, cañadas y canales se han convertido en verdaderos basureros, producto de la irresponsabilidad de ciudadanos a quienes no se les aplica un régimen de consecuencias efectivas.
Resulta lamentable observar cómo quienes fueron elegidos para prevenir y corregir estas situaciones permanecen inactivos ante un mal que no solo afecta a la población, sino también a las propias instituciones del Estado. La Ley 64-00 parece reducirse a un simple número en el papel, cuando en la práctica quienes deben ejecutarla se hacen de la vista gorda.
La ausencia de consecuencias reales alimenta la impunidad y agrava la problemática, en detrimento de la salud pública, del medio ambiente y del futuro de la nación. Sin aplicación firme de la ley, no hay orden; sin orden, no hay desarrollo.
Hoy no estamos frente a un problema de falta de leyes, sino de falta de voluntad para aplicarlas. Cuando el incumplimiento no castiga, se normaliza; cuando la autoridad calla, la irresponsabilidad gobierna. Y mientras el régimen de consecuencias siga sin cumplirse, no solo se ensucia el entorno: se degrada la nación y se condena mañana a quienes aún no tienen voz.
Sin aplicación firme de la ley, no hay orden; sin orden, no hay desarrollo. Y mientras el régimen de consecuencias siga sin cumplirse, seguiremos pagando todo el precio de la indiferencia. Sin consecuencias no hay respeto, sin respeto no hay país.
No escriba para agradar, escriba para que despierten.
