El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, explicó que la nueva Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, que está en el Senado de la República, “no tuvo tiempo” de ser enviada al Palacio Nacional antes del cierre de la pasada legislatura.
En ese sentido, agradeció a Dios por ello, ya que, según manifestó, tendrá más tiempo para poder trabajar “con más tranquilidad” las sugerencias de modificaciones a dicha legislación.
Sin embargo, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, al confirmar que la Ley está en esa ala congresual, reveló que como el Ejecutivo anunció que iba a observar la pieza, la Cámara Alta decidió esperar que se formulen esas propuestas de cambios para luego despachar la norma a la casa del Gobierno.
Viola el artículo 50 de la Constitución
Antes del Poder Ejecutivo anunciar que observará la reforma a la Ley 225-20 (de Residuos Sólidos), la Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland expresó su oposición al artículo 20 de la pieza, el cual obliga a las cementeras a utilizar combustibles derivados de residuos nacionales. La organización calificó esta disposición como una violación al derecho a la libertad de empresa, consagrado en la Constitución. La nueva ley transgrede los principios de equilibrio y sostenibilidad en la libre empresa, consagrado en el artículo 50 de la Carta Magna, que en su numeral 1 prohíbe los monopolios, salvo en provecho del Estado.
El Caribe
