La Fundación Justicia y Desarrollo Local (FUJUDEL), a través de su presidente Pablo Vicente, ha alzado una voz de alarma frente a la posibilidad de un juicio político contra los jueces del Tribunal Constitucional lanzado por un diputado del congreso dominicano.
El diputado Gustavo Sánchez, vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), lanzó una acusación contra el Tribunal Constitucional (TC), denunciando que este órgano se ha extralimitado en sus funciones y ha comenzado a dictar cómo debe legislar el Congreso Nacional.
Sánchez fue más allá y afirmó que los miembros del TC podrían enfrentar un juicio político por intervenir fuera de sus atribuciones.
Ante la propuesta, surgida tras una controvertida decisión judicial sobre las candidaturas independientes, Vicente plantea que esta constituye una amenaza directa al equilibrio democrático y la seguridad jurídica de la República Dominicana.
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El Tribunal Constitucional, garante de la supremacía de la Constitución, es una institución que no puede ser debilitada por intereses políticos sostiene Pablo Vicente.
Advirtió que cualquier intento de socavar su credibilidad de esa institución equivale a dinamitar los cimientos de la estabilidad institucional del país.
“Politizar las decisiones del Tribunal Constitucional sería un grave retroceso para nuestra democracia”, declaró con firmeza.
Propuesta de juicio político: una amenaza institucional
Desde FUJUDEL, Vicente denunció que propuestas como estas, aunque disfrazadas de legítima crítica, son una amenaza peligrosa al orden institucional.
Afirmó que la independencia judicial no es negociable y que decisiones como estas deben manejarse con extrema cautela y apego a los principios constitucionales.
Un llamado al diálogo nacional y la unidad democrática
En un gesto de liderazgo responsable, FUJUDEL instó a los legisladores y a la sociedad civil a abrir un diálogo constructivo que refuerce la confianza en las instituciones.
Vicente subrayó que las diferencias de criterio no deben transformarse en conflictos destructivos, sino en oportunidades para fortalecer la democracia y proteger la independencia judicial.
Por Pablo Vicente
