El Senado de la República convocó este martes a una sesión extraordinaria y aprobó de urgencia el proyecto que modifica y elimina varios artículos de la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.
En concreto, los cambios realizados a la normativa, aprobada originalmente en septiembre de 2020, redefinen conceptos en el artículo 4, así como las atribuciones y responsabilidades de los gobiernos locales en el manejo de la basura, estipuladas en los artículos 16 y 17.
Asimismo, se modifica el artículo 35 para establecer que las personas jurídicas —es decir, empresas, asociaciones sin fines de lucro, fideicomisos, fondos de inversión, otros patrimonios autónomos y entidades gubernamentales— que declaren ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) deberán aportar una cuota proporcional a sus ingresos. Estos recursos se destinarán al manejo de los residuos sólidos.
El aporte oscilará entre 1,200 pesos para las entidades que reporten ingresos de hasta un millón de pesos, y dos millones de pesos para aquellas que declaren ingresos iguales o superiores a 2,000 millones de pesos.
El párrafo II del artículo establece que estos montos deberán ser ajustados conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Banco Central. Además, el párrafo IV señala que dicho aporte podrá ser deducido de la renta bruta de las personas jurídicas.
Por otra parte, el numeral 4 del artículo 38 dispone que los contratos entre el Fideicomiso DO Sostenible y los gestores autorizados tendrán una vigencia mínima de 10 años.
30 % de resina reciclada
Además, se modifica el numeral 14 del artículo 172, obligando a todas las empresas fabricantes de envases plásticos a incorporar al menos un 30 % de resina reciclada en la producción de sus productos.
También se agrega un nuevo numeral al artículo 172, que establece que, en un plazo máximo de dos años, los fabricantes deberán utilizar tapas de polipropileno en dichos envases.
La propuesta legislativa, sometida por los senadores Ramón Rogelio Genao (PRSC-La Vega) y Ginette Bournigal (PRM-Puerto Plata), será enviada ahora a la Cámara de Diputados para su estudio y aprobación final.
DL
