Santo Domingo.- Dekolor S.R.L. es una empresa dominicana dedicada al desarrollo de software de identidad, tecnología biométrica, sistemas de emisión y renovación de documentos, incluidos los sistemas de licencias de conducir.
Desde el 2004 obtiene contratos públicos; dentro de los clientes figuran el INTRANT, MOPC, Policía Nacional y Fuerzas Armadas.
Los servicios que ofrece la empresa Dekolor
- Sistemas de identificación
- Simuladores
- Centros médicos de evaluación de conductores
- Administración de documentos
- Tecnología biométrica
- Administración de documentos
- Soluciones móviles
- Gestión de sistemas de tráfico
Dekolor y sus socios
La estructura societaria de Dekolor incluye a José Ángel “Jochy” Gómez Canaán, empresario vinculado al ciberataque al PLD en 2012, a través de OML Inversiones, y a Rogelio Ramón Oruña Aguilar, representado a través de la Fundación RG5. Cada uno posee 300,000 cuotas sociales, y la gerente general Sandra Oruña.
Un historial de controversia en la empresa Dekolor
La empresa Dekolor ha estado envuelta en varios contratos controversiales con el Estado, incluyendo el de suplir las licencias de conducir, cuyo acuerdo en el año 2005 generó críticas de otras corporaciones al indicar que tenían propuestas más económicas.
En el 2023, Dekolor volvió a las tendencias, cuando Compras y Contrataciones reveló que era fiadora solidaria de la empresa Transcore Latam, ganadora del anulado contrato de los semáforos inteligentes para el Gran Santo Domingo, cuyo caso de corrupción se debate en los tribunales.
Querella interpuesta por el Intrant
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), a través de su director ejecutivo, Milton Morrison Ramírez, presentó una querella penal con constitución de actor civil ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) contra la empresa Dekolor S.R.L., su presidente Rogelio Oruña y la gerente general Sandra Oruña.
Según un comunicado del Intrant, la acción obedece a supuestos intentos de soborno de un millón de dólares y tres millones de pesos mensuales, así como amenazas personales, presión institucional y entrega de dinero en efectivo a funcionarios clave del Intrant.
El contrato, suscrito originalmente en enero de 2020 por cinco años, incluía la administración de 21 centros de atención, provisión de personal y equipos, así como la operación tecnológica completa del sistema de licencias.
«A pesar de haber sido modificado en tres ocasiones mediante adendas no aprobadas por el Consejo del Intrant, la empresa procuraba extender su vigencia sin pasar por un proceso competitivo, presionando de forma ilegal a la actual dirección institucional», dijo el Intrant.
El Caribe
