La pieza contó con 23 votos de 24 senadores presentes
Asimismo, se modificará el numeral 16 del artículo 9 para asegurar la coordinación institucional entre la protección de la privacidad El Senado de la República aprobó este miércoles en primera discusión la modificación a la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), un proyecto busca enmendar los fallos a la normativa aprobada en enero y que fue cuestionada por considerarse un atentado a la intimidad y libertad de expresión.
La pieza contó con 23 votos de 24 senadores presentes. El único que votó en contra fue Omar Fernández, representante del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo (FP). Previamente, se leyó un informe favorable y se votó para la que la propuesta sea incluida en el orden del día.
La enmienda fue depositada en el Congreso por el Poder Ejecutivo tras un consenso entre el Gobierno, la sociedad civil y la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), que objetó la legislación por ser un atropello al ejercicio periodístico.
Modificación
Para esta ocasión, los senadores modificarán los artículos 1, 2, 9, 10, 11, 26 y 32 de la Ley 1-24, con el objetivo de clarificar y especificar la sujeción constitucional de la legislación.
Además, plantea la fusión de los artículos 1 y 2, a fin de definir los términos clave que envuelve la ley, como inteligencia, inteligencia estratégica, militar y delictiva, fuentes abiertas y fuentes cerradas, entre otros.
Asimismo, se modificará el numeral 16 del artículo 9 para asegurar la coordinación institucional entre la protección de la privacidad de los usuarios. Este se leerá: «Garantizar, en coordinación con el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), la seguridad cibernética en las telecomunicaciones, protegiendo la privacidad e integridad de los datos de los usuarios finales, conforme se establezca en el reglamento de la presente ley».
El artículo 11 se alterará para fortalecer las garantías relativas a la obtención del contenido de información de fuentes cerradas. En este sentido, la modificación legal busca exigir la autorización de un juez para todo procedimiento que limite derechos constitucionales.
La pieza deberá leerse en una próxima sesión antes de aprobarse en segunda lectura y ser enviada a la Cámara de Diputados.
DL
