Por Aquiles Olivo Morel
Santiago de los Caballeros.- He crecido escuchando que los fondos públicos no deben ser utilizados en las campañas electorales, sin dudas por el partido oficialista, el cual en todas las épocas de establecida la democracia tiene acceso a los recursos estatales.
Ya apenas quedan meses para que el calendario electoral emita la resolución para dar inicio formal a la campana electoral en la Republica Dominicana, por supuesto este arbitro deberá inmiscuirse en el origen del dinero electoral.
Recientemente el presidente Luis Abinader expresó su intención de evitar en esa ocasión que su partido utilice los recursos del Estado dominicano, combustibles, vehículos, tarjetas, dinero y las ventajas que le ofrece el poder a los funcionarios.
Cuando el Doctor Balaguer gobernó se podía ver hasta como los militares formaban parte de ese estrambótico escenario electoral, exhibiendo fotografías en los fósiles, al momento de los mítines electorales.
Los funcionarios públicos en todos los gobiernos se ceban de las mieles del poder: utilizan vehículos que le proporciona el puesto, tarjetas de crédito y combustibles, ni decir de posibilidad de acceder a los alimentos en los restaurantes.
Controlar desde la presidencia de la república y después del control del partido mismo, posición que ostenta el mandatario significaría un reto.
Los funcionarios dedicados a sus proyectos políticos no miran limites en las actividades oficiales y las actividades del partido, al momento de desarrollar estos compromisos en el día a día de su cotidianidad.
Nadie ignora los retos que enfrenta el gobierno financieramente: Cada vez los compromisos constriñen la disponibilidad de dinero, tiene que recurrir a buscar en mercado internacional préstamos para continuar operando.
Las declaraciones anticipadas del mandatario llegan en un momento en que se discuten los temas de cómo incrementar las recaudaciones, una presión que se hace sentir en todo los que realizan actividades comerciales.
Lo cual nos lleva a pensar que dilapidar estos recursos en la cara de los contribuyentes seria obsceno y bochorno, sobre todo para un presidente que desde sus inicios ha estado en montado en caballo de la moralidad.
Pocos ignoran los recursos que absorben las actividades políticas electorales en el país y en toda parte, especialmente en la movilización de las personas.
Eso conlleva gastar mucho dinero en combustibles y vehículos no siempre disponibles para quienes están involucrados en la organización de estas.
Bien podría hacer el presidente en adelantarse y frenar cualquier intento de utilizar esa formidable plataforma vehicular como su exigencia para ponerla al servicio de cualquier candidato en un momento en que seria perjudicial para todo el país.
Quienes poseen proyectos con mira a la obtención de la nominación presidencial, primero y ser candidato a alcanzar el solio presidencial deben pensar desde ahora de dónde provendrán los recursos.
Será una gran tarea romper una tradición tan arraigada pero un desafío de esta magnitud implicaría coraje, un esfuerzo extraordinario y una observación recurrente en cada momento.
Nadie conoce tan bien la condición del Estado y cuales sacrificios se encuentra haciendo para disponer de los recursos y hacerse operativo, como el presidente de la República.
En esta ocasión el presidente no será el candidato, sino uno de los suyos, a quien deberá explicarle con tiempo y con suficiente claridad estos límites, lo cual obligaría a cumplir a cabalidad la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos en el país.
La misma restringe los Aportes privados permitidos por la ley, sujetos de controles y las cuotas y contribuciones de sus miembros y simpatizantes, “siempre que sean registrados debida mentes”.
Esta ley contempla tres fuentes: Aportes del gobierno (Financiamiento público); contribuciones privadas (personas físicas) y por supuesto, las cuotas y aportes de sus miembros y simpatizantes.
“El que le entrega dinero o busca dinero es cómplice. Por lo tanto, nadie puede aquí hacer eso. Aquí todos los partidos políticos tienen sus equipos de finanzas y tienen su forma legal que tienen que entregar sus informes a la Junta Central Electoral (JCE). Todo el que se salga de ahí está actuando ilegalmente”, manifestó.
La sociedad espera que esto se haga realidad en un ambiente de tensión financiera para el gobierno y para todos los sectores que conforman la estructura de contribuyentes y también para una población deseosa de nuevos compromisos de la clase política, con el reto de reinventarse en este año 2028.
El 2028 podría convertir en el año en que la clase político experimento un salto dejando atrás una practica nociva para la democracia y demostrar que se puede alcanzar evitando los históricos rumores del uso de los recursos del Estado.





