Por Aquiles Olivo Morel
EL Ministerio Publico (MP) inicio la operación SENASA 2.0 con el apresamiento de 28 médicos especialistas, quienes organizaron una red, dentro de las Prestadoras de Servicios de Salud, con capacidad para alterar procedimientos, consultas, laboratorios, emergencias cuya finalidad, al final de cuentas despojaba a la ARS SENASA de los recursos financieros de manera fraudulenta.
Los procedimientos realizados en su gran mayoría nunca fueron hechos, sin embargo, aparecían dentro de las solicitudes de pagos a las prestadoras.
Los médicos especialistas en ortopedias, quienes usaron materiales diferentes en las cirugías, fabricados no en titanio y platino, como lo recomendado como norma por la propias ARSs.
En las consultas colocaban en los listados solicitados para pago muchas que nunca realizaban, alterando la factura solicitada y confabulando en ocasiones con los auditores del SENASA.
Las estafas no tuvieron límites: Se recurría a la falsificación de facturas, cirugías, estudios y hasta las emergencias; las subdirecciones nunca fueron capaces de regularizar, en cada pago la realidad, sin la contemplar un por ciento, donde se afectará la ARS.
Esta red logró sistematizar cada una de esta organización de estafa en diferentes especialidades, especialmente aquellas de muchas recurrencias en los centros de salud.
Cuando se analiza históricamente los casos atendidos en todas las emergencias y el gasto que esto representa en salud, atenciones en traumatologías complejas y cirugías de urgencias se tiene la certeza de la oportunidad aprovechada para ejecutar las estafas.
Hay que recordar también, como en el caso principal, donde el director ejecutivo Santiago Hazing y la parte administrativa propiciaron la doble contabilidad para evadir el aspecto de la supervisión.
Al momento de conocer la audiencia para la imputación de la medida de coerción en los tribunales, este recurrió a una salida inteligente en sus declaraciones, responsabilizando a los ejecutivos de la campaña electoral de utilizar ese dinero para facilitar el triunfo.
A partir de entonces el MP fue el primero en anunciar la existencia de un SENASA 2.0, investigando a los pequeños prestadores, a los especialistas, en el caso de la red pública, a los hospitales, especialidades específicas.
Se trata de un caso amplio y complejo de corrupción administrativa, donde participan las propias instituciones de salud, profesionales médicos e incluso, figuras clave del Seguro de Salud Familiar.
Las expresiones suplantación de identidad son notorias en el expediente. Hay muchas atenciones de personas que jamás fueron atendidas, quienes al ser constatadas dicen haber estado fuera del país en la fecha de esas intervenciones.
Todas estas cuestiones describen una realidad del sistema de salud dominicano involucrado, además de las precariedades que históricamente acusa, en una estafa que deja fuera de todas dudas de una gran cantidad de recursos de difícil recuperación.
En definitiva, los involucrados a quienes el MP pidió una coerción de 18 meses asciende a 25 personas, entre ellos médicos, técnicos quienes laboraron en el SENASA y figuras de apoyo, todos ellos involucrados en la trama para captar dinero de la ARS estatal.
Sostiene que la prisión está justificada en el riesgo de fuga, alteración de prueba, protección de testigo y finalmente, sustraerse del proceso.
Establece, además, disponer de suficientes pruebas en contra de los imputados como para dar la facilidad a los abogados de que puedan presentar una replica a la par de los elementos en su contra.
La justicia dominicana está consciente de eso no acabara ahí, terminar esa practica conlleva un esfuerzo en las instituciones de supervisión del ejercicio de salud, de la propia SENASA y también, de los equipos regionales capaces de identificar fallas en las atenciones.
Una institución publica como el SENASA con la responsabilidad de garantizar la salud a población pobre de la República Dominicana (RD) deberá incrementar las exigencias para otorgar, primero la acreditación a las prestadoras de salud y segundo auspiciar pago fundamentado en auditorias mas profundas, cuando se trata de procedimientos recurrentes y con amplio soporte de estudios.
